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El 27 de septiembre de 1991, la sección de economía del periódico El País, en la pluma de Pilar Marcos, economista, periodista y más tarde diputada en el congreso, informaba sobre la creación de un nuevo grupo empresarial, resultado de la integración de INISEL, empresa de capital público y CESELSA, de capital privado, ambas competidoras por los contratos de la administración en materia de defensa e I+D. La nueva entidad, en sus cuatro divisiones tendría como actividad: defensa, electrónica civil, espacio y consultaría y servicios informáticos. INDRA SISTEMAS SA.

Como ya se analizó en un post anterior, a finales del año pasado se reformó el impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU), tras haber declarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, la última de octubre de 2021, el carácter de inconstitucional de determinados preceptos reguladores de este impuesto, en concreto, la forma de determinación de la base imponible.

El pasado 30 de junio finalizó la prórroga de la moratoria concursal decretada en marzo de 2020 con el estado de alarma consecuencia del COVID-19, que eximía a las empresas con problemas de insolvencia de la obligación de solicitar el concurso de acreedores. La moratoria, unida a las ayudas económicas derivadas de la pandemia, especialmente las llegadas desde Europa, generaron una falsa sensación de tranquilidad y permitieron a muchas empresas mantenerse vivas. 

Es bien sabido -sobre todo por los contratistas- que desde el pasado año la subida de precios en la construcción ha venido a colocar los contratos públicos, especialmente los de obras y los de suministros, en un escenario caótico, ante una realidad simplemente no prevista por sus normas reguladoras.

El MITECO nos da la oportunidad de “opinar” sobre los concursos de capacidad de acceso a la red en determinados nudos de la red de transporte. El día 28 de junio concluye el plazo para presentar alegaciones a la propuesta de orden reguladora del concurso de capacidad de acceso en relación con 17 nudos de la red de transporte.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal, cedido a las comunidades autónomas quienes, entre otras, tienen competencia para establecer reducciones en la base imponible, así como deducciones y/o bonificaciones en la cuota. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal (o el causante en el Impuesto de Sucesiones) o del lugar donde radiquen los inmuebles transmitidos (en el caso del Impuesto de Donaciones) será más o menos gravoso recibir bienes objeto de una herencia o donación.

En tiempo de precios convulsos, como es el que nos encontramos desde hace algo más de un año, en negocios como el de la promoción inmobiliaria, en los que las operaciones están diferidas en el tiempo en cuanto al cumplimiento, puede alterarse sustancialmente el equilibrio entre las partes.

En nuestra tradición jurídica, la comunidad, el aprovechamiento conjunto de los recursos y el ámbito local como marco para el desarrollo de esta actividad, no son noticia. Comunidad de regantes, montes comunales, sociedades cooperativas… desde los Muiños de Herdeiros hasta el Consorcio Nacional Almadrabero, los ejemplos son abundantes y variados.
El conocimiento, los medios, la tecnología y la ingeniería para la producción de la energía han estado restringidos durante tanto tiempo en manos de tan pocos, que la normativa europea a favor de las energías renovables, de la mano con el fomento de la participación de la ciudadanía en la generación y el comercio en este sector nos suena a un idioma que no conocemos.

Con el fin de paliar la grave crisis sanitaria, social y económico-financiera provocada por el virus Sars-Cov-2, la Unión Europea ha creado los fondos de recuperación denominados “Next Generation EU”, instrumentalizados en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; que tiene como fin impulsar la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo en el país.

Por Decreto-ley, publicado hoy 7 de marzo de 2022, el Gobierno extremeño modifica el criterio de que sea el precio el componente determinante de la adjudicación en las licitaciones en materia de contratación pública que lleve a cabo la administración regional y su entorno.

Hace tiempo las historias de interés que sucedían, y siguen sucediendo, llegaban a nuestros oídos a través de los juglares en las plazas. En un pestañeo en la historia de la humanidad, la virtualidad y las comunicaciones a través de internet y la telefonía móvil ha transformado completamente la forma en la que nos comunicamos

El pasado 14 de enero se publicaron en el BOE sendas resoluciones del Director General del IDAE, por las que se formalizan la primera y la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con estas convocatorias se implementa definitivamente el programa de incentivos dirigidas a las comunidades energéticas regulado en la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre.

El próximo 28 de enero entrará en vigor el Reglamento General de la LOTUS (Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura) aprobado por Decreto 143/2021, de 21 de diciembre y publicado en el DOE una semana después.

A expensas del estudio profundo que el texto merece, podemos ya destacar su ajustada y relevante denominación, pues en efecto se trata de un reglamento general, que no integral, de la LOTUS aprobada en 2018.

El nuevo reglamento promulgado ofrece un desarrollo normativo de la Ley que se extiende prácticamente a todos los elementos relevantes por ella regulados y, en particular, tanto respecto del régimen urbanístico del suelo, como sobre planeamiento territorial y urbanístico, sobre gestión y sobre disciplina.

Tras el revuelo ocasionado por la sentencia del TC de 26 de octubre de 2021 y como venían anunciando miembros del Gobierno en los últimos días, hoy se ha publicado el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre (RD Ley 26/2021), por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) a la reciente sentencia del TC, de 26 de octubre; sentencia que declaraba nulos los artículos 107.1. segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de dicha Ley sobre el cálculo de la base imponible del Impuesto de plusvalía municipal.

Los cambios generacionales o las relaciones entre familiares suponen en multitud de ocasiones el fin de muchos negocios familiares que han venido funcionando durante muchos años e incluso generaciones. ¿Cuántas veces los empresarios se han planteado qué será del negocio que tanto les ha costado construir, cuando ya no estén y las nuevas generaciones les sustituyan, a la vista de las situaciones que concurren en cada casa?. 

¿Tu negocio se ha visto afectado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19?  ¿Las medidas implantadas por la Comunidad Autónoma a partir del 21 junio de 2020 han obligado a cerrar tu negocio, restringir el aforo, el horario de apertura, etc.? ¿Has visto que el rendimiento de tu negocio ha disminuido con respecto de ejercicios anteriores?

Si es así, te interesa leer este post.

Evitar el paso del tiempo y las fricciones inherentes a la condición humana no es posible, pero ahuyentar esos fantasmas y afrontar el futuro con tranquilidad sí lo es a través de una adecuada planificación del futuro mediante la suscripción de pactos de socios que marquen las reglas del juego cuando las aguas aún están en calma.

Decía Heráclito que todo fluye, y quizás lo que percibimos hoy es que todo fluye muchísimo más rápido, y que hasta termina por fluir incluso lo aparentemente más estático, como los mismos inmuebles. Dudo que alguien ignore a estas alturas lo que significa el anglicismo de raíz latina “coliving”; se trata del resultado del cambio constante en las nuevas modalidades de alojamiento, habitación… no sé si debo atreverme a escribir vivienda.

Campón & Martínez-Pereda, Abogados, es un Despacho con sedes en Badajoz y Cáceres, que aporta la experiencia compartida de profesionales con larga trayectoria en el ejercicio de la abogacía y la asesoría jurídica a las personas, las empresas y el sector público.