La red de Indra

"Imagina una telaraña multidimensional en la mañana temprano, cubierta con gotas de rocío. Y cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las otras gotas de rocío. y, en cada gota reflejada, el reflejo de todas las otras gotas de rocío en ese reflejo. Y así hasta el infinito. Esa es la concepción Budista del universo en una imagen." – Alan Wats

En un lugar llamado España,

El 27 de septiembre de 1991, la sección de economía del periódico El País, en la pluma de Pilar Marcos, economista, periodista y más tarde diputada en el congreso, informaba sobre la creación de un nuevo grupo empresarial, resultado de la integración de INISEL, empresa de capital público y CESELSA, de capital privado, ambas competidoras por los contratos de la administración en materia de defensa e I+D. La nueva entidad, en sus cuatro divisiones tendría como actividad: defensa, electrónica civil, espacio y consultaría y servicios informáticos. INDRA SISTEMAS SA.

Atrás quedaba un largo proceso iniciado en 1988, por recomendación del Ministerio de Industria del momento, para la supervivencia de ambas empresas, dicen algunos, debido a la recesión en que se encontraba la actividad de defensa, que curiosamente tiene y tenía ministerio propio. Otros dicen que fue necesario precisamente, para llevar a cabo el programa SIMCA, que incluía la producción de 14 radares llamados Lanza y con el que se pretendía facilitar la toma de decisiones en operaciones militares en coordinación con el programa ACSS de la OTAN [1] . En 1992, la entidad resultante de la fusión fue adjudicataria del contrato de los radares.

“Este punto es crucial” rezaba el artículo de EL País de hace más de treinta años, resaltando la iniciativa del INI[2] pues suponía la puesta en práctica de una nueva política, la de compartir esfuerzos industriales con la iniciativa privada y acometer juntos retos de crecimiento y competencia internacional.

Indra Sistemas, S.A., entre otras cosas, es hoy, una multinacional armamentística española, se encuentra entre las 100 mayores compañías mundiales en el sector de defensa y seguridad, cotiza en bolsa y pertenece al índice selectivo español IBEX desde 1999.

HOY Indra Sistemas, S.A. y desde hace meses, se encuentra en el punto de mira, se habla de riesgo de credibilidad de la empresa y del sistema, una crisis reputacional, debido a varios hechos concatenados, denominados por determinada prensa como el “encarrilamiento” de la toma de control, que han acabado, de momento, en el cese de cuatro consejeros independientes, de su órgano de administración. El cese se produjo el pasado día 23 de junio, durante la celebración de Junta General y el anuncio de la dimisión de dos consejeros independientes más fue casi inmediato. La duda se cierne sobre si los ceses traen causa en un eventual pacto entre SEPI – Sociedad Estatal de Participaciones Estatales, heredera del INI- con otros dos socios, SAPA y AMBER CAPITAL. Los consejeros independientes cesados eran abiertamente contrarios a los planes impulsados por la SEPI dentro de la empresa, eminentemente estratégica y así lo manifestaron ellos mismos en su carta remitida a la CNMV, poniendo en tela de juicio el código de buen gobierno de la compañía.

Ahora, y desde días posteriores a la celebración de la Junta General de 23 de junio, La CNMV [3] ,  manifiesta estar analizando las circunstancias con el fin de desvelar si realmente ha existido una acción concertada entre SEPI, SAPA y AMBER CAPITAL.

En caso de que hubiera un acuerdo para la toma de control por parte de los socios mayoritarios, lo indicado por la norma es procurar la protección de los inversionistas, socios minoritarios. El origen de esta normativa, extensa, se encuentra en la Directiva 2004//25/CE, relativa a las ofertas públicas de adquisición, cuyo considerando (9) comienza diciendo así:

“Los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas para proteger a los titulares de valores y, en especial, los que posean participaciones minoritarias, en caso de cambio del control de su sociedad…..”

Parece que lo indicado, en caso de que se estuviera procediendo a la toma de control de la compañía, habría sido una OPA [4]  y no la ejecución sin previo aviso de un pacto entre accionistas. Si hay un nuevo proyecto empresarial o un cambio de rumbo, es secreto, como corresponde a la materia, defensa nacional, pero quizás incompatible con la transparencia debida en una compañía cotizada.

Arrogarse la vida, la paz, la salud… como valores propios de una determinada ideología política, parece un tanto presuntuoso. Ni vende ni hay quien en su sano juicio se posicione ideológicamente a favor de ninguno de los jinetes del Apocalipsis. Al final, considerando las circunstancias actuales en Europa, nadie se posicionó abiertamente en desacuerdo cuando el Presidente del Gobierno anunció, al término de la cumbre de la OTAN en Madrid, durante el pasado mes de junio, un aumento del presupuesto destinado a defensa, hasta alcanzar el 2% del PIB.

Pasan los días, las semanas y los meses, la CNMV antes de pronunciarse, espera, como todos, al nombramiento de los nuevos consejeros de INDRA, no hay “plazos marcados”. Mientras, el órgano de administración de la sociedad se encuentra privado de consejeros que velen por los intereses de la sociedad y de los socios minoritarios, accionistas que ya han tomado acción de cara a llevar la situación a un escenario judicial, con pretensiones de resarcimiento por eventuales daños.

¿Debe ponderarse para obtener un equilibrio entre los intereses estratégicos de peso, como la defensa nacional y otros económicos, como la transparencia del mercado, la seguridad en las inversiones o la protección de las minorías societarias?

¿Debe prevalecer la seguridad nacional y el control de las compañías armamentísticas en u n momento en el que el mundo sale de una pandemia y Europa sufre las consecuencias de una guerra en su territorio?

¿Es la colaboración público-privada la panacea para cualquier sector empresarial?

 

Continuará….

 

 

María Mendigutía Arévalo

 

[1] Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas en castellano , también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental. Constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa.

[2] - Instituto Nacional de Industria, entidad estatal española creada por ley, (1941-1995), que aglutinó empresas públicas, especialmente sectores estratégicos, durante 40 años fue el principal grupo empresarial en España

[3] Comisión Nacional del Mercado de Valores, órgano regulador independiente encargado de velar por la transparencia en los mercados

[4] Oferta Pública de Adquisición, por sus siglas en castellano. Operación del mercado de valores por las que una persona o entidad hace una oferta para comprar todas o parte de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa a un precio determinado.