En las últimas dos décadas se ha venido implantando en los estados miembros de la Unión Europea una red ecológica de espacios naturales protegidos, denominada Red Natura 2000, dentro de la cual se encuentran las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS). En Extremadura, cincuenta y cinco territorios fueron “declarados” ZEPAS, lo que ha conllevado importantes limitaciones en el desarrollo económico y social de la región.
No obstante, para sorpresas de muchos, con fecha 29 de diciembre de 2022 se presentó ante la Asamblea de Extremadura una propuesta de nueva Ley en cuya exposición de motivos se reconoce expresamente que las cincuenta y cinco “ZEPAS”, nunca fueron declaradas formalmente. Es decir, en Extremadura hemos tenido durante cerca de un cuarto de siglo cincuenta y cinco “ZEPAS” fantasmas.
El propio texto normativo ahora en tramitación en la Asamblea de Extremadura reconoce que hubo un error (¿grave?) en la tramitación debido a que tras la remisión a la Comisión Europea de la propuesta de declaración de esas cincuenta y cinco “ZEPAS” acompañada por varios informes técnicos preceptivos, con posterioridad y de conformidad con lo recogido en la normativa europea, no ha llegado a dictarse ninguna declaración formal constitutiva de tales zonas de protección
En este contexto, la norma en tramitación pretende subsanar dicho defecto, declarando, expresamente como ZEPA los cincuenta y cinco territorios en su día informados -que no declarados-, manteniendo su extensión, delimitación y régimen jurídico. Eso sí, a partir de ahora, se apruebe o no la nueva norma, la realidad de lo señalado nos aboca a preguntarnos:
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¿Qué ocurrirá, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, con todos los actos ya dictados y que traían causa en una norma/resolución basada en un estatus jurídico que nunca existió?
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¿Podría darse efectos retroactivos a lo actuado?
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¿Qué ocurrirá con los expedientes sancionadores incoados, resueltos y cumplidos?
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¿Qué ocurrirá con las sentencias de condena impuestas en el ámbito penal y contencioso-administrativo?
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¿Habría responsabilidad patrimonial por las limitaciones de uso indebidamente establecidas?
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¿Qué ocurrirá con todas las ayudas que puedan haberse recibido con base en una declaración que no existe?
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¿Podríamos estar ante una posible aprobación tácita y socialmente admitida que ahora no se pueda negar?
Entrar a responder sin una norma aprobada sería prematuro. Esperemos a ver el texto que definitivamente se apruebe antes de dar una respuesta a todas estas cuestiones -una de las cuales vuelve de nuevo a ser, por penúltima vez, el futuro de la isla de Valdecañas-.