Como ya se analizó en un post anterior, a finales del año pasado se reformó el impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU), tras haber declarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, la última de octubre de 2021, el carácter de inconstitucional de determinados preceptos reguladores de este impuesto, en concreto, la forma de determinación de la base imponible.
El pasado 30 de junio finalizó la prórroga de la moratoria concursal decretada en marzo de 2020 con el estado de alarma consecuencia del COVID-19, que eximía a las empresas con problemas de insolvencia de la obligación de solicitar el concurso de acreedores. La moratoria, unida a las ayudas económicas derivadas de la pandemia, especialmente las llegadas desde Europa, generaron una falsa sensación de tranquilidad y permitieron a muchas empresas mantenerse vivas.
Es bien sabido -sobre todo por los contratistas- que desde el pasado año la subida de precios en la construcción ha venido a colocar los contratos públicos, especialmente los de obras y los de suministros, en un escenario caótico, ante una realidad simplemente no prevista por sus normas reguladoras.